Aprobado en Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023 un crédito presupuestario de 190 millones de euros destinado al desarrollo del Plan Corresponsables durante 2023.
Esta dotación presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, estando pendiente de aprobación definitiva por parte de la Conferencia Sectorial de Igualdad la propuesta de distribución territorial de los créditos presupuestarios.
QUE ES EL PLAN CORRESPONSABLES
El Plan Corresponsables se puso en marcha en 2021 con las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para crear una red pública de cuidados y desarrollar actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años.
Impulsado por el Ministerio de Igualdad, tiene por objeto garantizar el cuidado como un derecho desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias.
Se trata de una política que permite articular mecanismos para:
- El apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de hasta 16 años.
- La creación de empleo, la dignificación y reconocimiento de la experiencia profesional de cuidados.
- La sensibilización en materia de corresponsabilidad.
- La articulación de bases informativas de recursos disponibles en este campo.
EJES DE ACTUACIÓN
- Facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos menores de hasta 16 años de edad mediante la creación de bolsas de cuidado profesional.
- Crear empleo de calidad en el sector del cuidado de niñas y niños.
- Dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras.
- Sensibilizar en materia de corresponsabilidad de mujeres y hombres.
- Elaborar un Mapa Estatal de Cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados disponible en la Administración General del Estado y en las diferentes Comunidades Autónomas, así como la configuración de un banco de buenas prácticas que facilite la orientación de la política pública y el intercambio de experiencias.
