La Xunta de Galicia ha publicado en su página web el protocolo para prevenir, detectar y resolver las situaciones de acoso laboral y otras discriminaciones en el trabajo en el ámbito de la Administración general y del sector público en esta comunidad autónoma.
Según ha informado el Gobierno gallego, este protocolo representa un compromiso institucional para la erradicación total de estas conductas y para garantizar la salud de los empleados públicos que sufren este tipo de situaciones, así como la asistencia y protección de las víctimas.
Así mismo, determina las actuaciones y responsabilidades de los órganos que deben intervenir en la resolución de estas situaciones y asegura la pluralidad de las intervenciones para garantizar un tratamiento técnico adecuado en la valoración de cada una de las actuaciones, respetando la metodología más apropiada en cada caso.
Acoso laboral y otras discriminaciones
El documento considera acoso laboral “la exposición a conductas de violencia psicológica intensa dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquel/los desde una posición de poder -no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear un ámbito hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización de este; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud”.
Además, este protocolo también se utilizará para tratar y resolver situaciones de discriminación por otros motivos, ya recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, como son el origen racial, sexual o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindario o cualquiera otra circunstancia personal o social.
Por último, el protocolo también se aplicará para el caso en el que un empleado público denuncie o sea testigo en un procedimiento relacionado con cualquier delito, trato de favor o irregularidad en el desarrollo del trabajo y, como consecuencia de eso, sufra acoso laboral u otra discriminación.
La Xunta de Galicia destaca que la aplicación de este protocolo no impedirá la utilización, paralela o posterior, por parte de las personas implicadas o de la propia Administración, de las acciones legales que sean necesarias.
Fuente: RRHHpress.com
